Exigen justicia para mineros desaparecidos y mayor seguridad en Sinaloa

Familiares de trabajadores mineros desaparecidos y asesinados en Sinaloa se han manifestado esta semana para exigir que los casos no se conviertan en una cifra estadística más. La demanda principal de los afectados es el esclarecimiento de los hechos violentos registrados recientemente, buscando que la Fiscalía General de la República tome cartas en el asunto para localizar a los trabajadores que permanecen en calidad de no localizados.

Ante este escenario, representantes de la industria minera en México han hecho un llamado urgente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El gremio solicita la implementación de protocolos de seguridad reforzados en las zonas de extracción, argumentando que la inseguridad ha escalado a niveles que ponen en riesgo la viabilidad operativa y la vida de los empleados en diversas regiones del estado de Sinaloa.

La petición formal hacia el Gobierno Federal contempla la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fuerzas federales para establecer corredores seguros en las áreas mineras. Los empresarios señalan que la presencia de grupos delictivos en las inmediaciones de los centros de trabajo ha generado un entorno de zozobra, afectando tanto la producción como la estabilidad social de las comunidades locales que dependen de esta actividad económica.

Por su parte, fuentes del sector privado han señalado que la respuesta institucional debe ser contundente para evitar que la violencia se normalice en el sector extractivo. La propuesta del sector minero sugiere la instalación de mesas de trabajo permanentes con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de diseñar estrategias de prevención que garanticen el libre ejercicio laboral sin temor a represalias o ataques directos.

Finalmente, los colectivos de familiares han enfatizado que la justicia para los mineros es una deuda pendiente que requiere voluntad política. Mientras las investigaciones siguen su curso, la presión social se mantiene constante para que las autoridades estatales y federales trabajen de manera conjunta, priorizando la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos de los trabajadores en todo el territorio nacional.