Investigan a juez en Tlalnepantla tras liberar a presuntos agresores sexuales

Un juez de control adscrito a los juzgados de Tlalnepantla, Estado de México, se encuentra bajo un proceso de escrutinio administrativo tras haber dictado la libertad de varios individuos acusados de los delitos de violación y tentativa de feminicidio. La resolución, emitida recientemente durante una audiencia de vinculación a proceso, ha generado una serie de cuestionamientos legales por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y los representantes legales de las víctimas, quienes señalan inconsistencias en la valoración de las pruebas presentadas.

Las víctimas, a través de sus asesores jurídicos, han denunciado públicamente la existencia de estereotipos de género durante el desarrollo de las diligencias. Según las quejas presentadas ante el Consejo de la Judicatura local, el juzgador habría desestimado pruebas periciales fundamentales, lo que derivó en la reclasificación de los delitos y la posterior liberación de los implicados. Estas acciones han sido calificadas por colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos como una forma de violencia institucional que revictimiza a las mujeres que buscan acceso a la justicia.

Ante este panorama, el Ministerio Público ha comenzado un análisis técnico para impugnar la resolución judicial mediante los recursos de apelación correspondientes. La intención de la fiscalía es que una instancia superior revise la actuación del juez y determine si existió una omisión en el análisis de los indicios de riesgo presentados durante la investigación inicial. Por su parte, el Poder Judicial del Estado de México ha señalado que se mantendrá atento a los procedimientos disciplinarios internos para garantizar que las resoluciones se apeguen estrictamente a los protocolos con perspectiva de género.

Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la capacitación de los juzgadores en materia de derechos humanos y la importancia de evitar la impunidad en delitos de alto impacto. Mientras tanto, las autoridades estatales han reforzado las medidas de protección para las víctimas, ante el temor de posibles represalias tras la decisión del juzgado. El proceso de revisión administrativa del juez continuará en las próximas semanas, bajo la vigilancia de diversos organismos ciudadanos que exigen transparencia en el Poder Judicial.