domingo, 2 de agosto de 2026
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México, punto por punto

Economía

La extorsión afecta hasta el 5% de la cadena productiva del aguacate

El pequeño comercio exige integrar la exportación de aguacate en la estrategia de seguridad nacional ante el aumento de la extorsión.

Redacción Índice
Foto: forbes.com.mx

La cadena de valor del aguacate en México enfrenta un impacto financiero de hasta el 5% debido a las actividades de extorsión que operan en diversas zonas productoras. Representantes del pequeño comercio nacional han señalado que esta problemática no solo afecta a los productores locales, sino que encarece los costos operativos en toda la cadena de suministro, desde la cosecha hasta la comercialización final en mercados nacionales e internacionales.

Ante la proximidad de eventos de alta demanda internacional, como el Super Bowl, los comerciantes han propuesto que la exportación de este fruto se convierta en un eje central dentro de la estrategia de seguridad pública. El sector sostiene que el blindaje de las rutas de transporte y el apoyo a las regiones productoras son indispensables para garantizar la viabilidad económica del sector agroindustrial y proteger a los trabajadores del campo frente al crimen organizado.

La propuesta busca que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras instancias federales establezcan protocolos específicos de vigilancia en las zonas con mayor incidencia delictiva. Los comerciantes sugieren que una intervención coordinada permitiría reducir las pérdidas económicas actuales y evitar que el fenómeno de la extorsión continúe alterando los precios del mercado interno en beneficio de los grupos delictivos.

Por su parte, el pequeño comercio hace un llamado a las autoridades para que fortalezcan la colaboración con las asociaciones de productores y las autoridades locales de los estados con mayor producción. El objetivo central de esta demanda es que la exportación de aguacate cuente con esquemas de seguridad que permitan un tránsito seguro, evitando que las cuotas ilegales se conviertan en un costo permanente para el consumidor final mexicano.

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