Mercado ilegal de tabaco resta 35,000 millones al erario mexicano

La evasión fiscal derivada de la venta ilegal de tabaco en México representa una pérdida estimada de 35,000 millones de pesos para el erario público, según proyecciones analíticas. A pesar de los ajustes incrementales en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicados a estos productos, el mercado negro ha logrado consolidarse como un competidor directo frente a la industria formal, erosionando la recaudación esperada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Investigadores del Colegio de México (Colmex) han señalado que el crimen organizado ha desarrollado una estrategia híbrida sumamente efectiva. Esta táctica combina el contrabando de mercancía proveniente del extranjero con la fabricación local de cigarrillos en instalaciones clandestinas. Esta estructura permite a las organizaciones delictivas sortear las regulaciones sanitarias y los controles aduanales, ofreciendo productos a precios significativamente inferiores a los del mercado legalmente establecido.

El fenómeno ha generado una competencia asimétrica que afecta la cadena de valor legal, desde el campo hasta los puntos de venta autorizados. Mientras el gobierno federal busca fortalecer la recaudación mediante impuestos, la diversificación de las rutas de distribución ilegal dificulta las labores de inspección de la Guardia Nacional y las autoridades fiscales en puntos estratégicos del país. La falta de control sobre la calidad y procedencia de estos productos también representa un reto para la Secretaría de Salud, al carecer de cualquier tipo de supervisión sanitaria.

Especialistas coinciden en que el impacto de este mercado no se limita únicamente a la esfera fiscal, sino que también debilita los esfuerzos de control sanitario y protección al consumidor. La complejidad de esta red de distribución, que abarca desde mercados informales en grandes urbes hasta rutas de comercio transfronterizo, obliga a una revisión integral de las estrategias de vigilancia y fiscalización. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno sigue siendo el principal pendiente para frenar el crecimiento de estas redes delictivas que operan con impunidad en diversas regiones de México.