PAN solicita juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa
La dirigencia del Partido Acción Nacional formalizó la petición para destituir al gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una crisis de gobernabilidad en la entidad.

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional presentó formalmente ante el Senado de la República una solicitud para iniciar un proceso de juicio político y la declaratoria de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. La petición surge tras el reciente retorno del gobernador Rubén Rocha Moya a sus funciones, situación que, según los legisladores panistas, evidencia una incapacidad institucional para garantizar la seguridad y el orden público en la entidad federativa.
El bloque parlamentario del PAN hizo un llamado directo a la bancada de Morena para que respalde estas acciones legales en el Congreso de la Unión. Los representantes del partido opositor sostienen que la situación de inseguridad que atraviesa el estado ha sobrepasado las capacidades de la administración local, lo que obliga al Poder Legislativo federal a intervenir para restablecer el Estado de derecho y la estabilidad política en la región.
De acuerdo con la propuesta presentada, la desaparición de poderes se justifica ante la aparente ruptura del orden constitucional y la falta de garantías para los ciudadanos sinaloenses. La estrategia del partido busca que las comisiones correspondientes del Senado analicen el caso con celeridad, argumentando que la crisis de gobernabilidad ha persistido durante los últimos meses sin una resolución efectiva por parte de las autoridades estatales.
Por su parte, el equipo de comunicación del Partido Acción Nacional señaló que esta medida es necesaria para evitar un mayor deterioro en la administración pública estatal. Los legisladores enfatizaron que el juicio político no debe verse como un acto partidista, sino como un mecanismo constitucional para asegurar que los gobernantes cumplan con sus responsabilidades frente a la ciudadanía y el marco legal vigente en México.
Finalmente, el proceso deberá seguir el cauce institucional dentro de la Cámara alta, donde los distintos grupos parlamentarios deberán debatir la procedencia de la solicitud. Mientras tanto, la atención pública se mantiene centrada en la respuesta que ofrecerán las autoridades federales y el propio gobierno sinaloense ante los señalamientos de la oposición en el contexto de la actual situación de seguridad en el noroeste del país.
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