Presidenta cuestiona regreso del gobernador Rocha tras prolongada ausencia

La presidenta de la República marcó distancia este lunes respecto al retorno del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras un periodo de ausencia en la entidad. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó la reincorporación del mandatario estatal como un acto personal e imprudente, subrayando que no fue notificada formalmente sobre los motivos o la logística de su vuelta al cargo.

La jefa del Ejecutivo fue enfática al señalar que no ha sostenido comunicación directa con el gobernador sinaloense y descartó que exista una agenda de diálogo prevista para el corto plazo. Esta postura pública subraya las tensiones institucionales entre el Gobierno Federal y el Ejecutivo estatal, en un momento donde la seguridad pública y la gobernabilidad en el estado han sido temas de alta prioridad para las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Fuentes cercanas al equipo de la Presidencia indicaron que la administración federal mantiene una postura de vigilancia estricta sobre el ejercicio de gobierno en las entidades federativas, priorizando la coordinación oficial por los canales institucionales. La falta de comunicación previa entre el gobernador y la titular del Ejecutivo ha generado interrogantes sobre la estabilidad administrativa en la entidad, en un contexto marcado por desafíos de seguridad que requieren una estrecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, el entorno del mandatario estatal ha evitado emitir declaraciones detalladas sobre los motivos de la reciente ausencia o las razones que impidieron una notificación oficial a Palacio Nacional. Mientras tanto, la actividad en el Congreso local y en las oficinas gubernamentales de Sinaloa continúa bajo observación, en espera de que se normalicen las funciones ejecutivas y se aclaren las condiciones bajo las cuales el gobernador retoma sus responsabilidades constitucionales.

El Gobierno Federal reiteró que su enfoque principal sigue siendo el bienestar de los habitantes de Sinaloa y la implementación de las estrategias de seguridad diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. La Presidencia enfatizó que cualquier funcionario público, independientemente de su cargo o entidad, está obligado a mantener una coordinación transparente con el Gobierno Federal para garantizar la gobernanza en beneficio de la ciudadanía.