Tribunal ordena a la SEDENA entregar contratos sobre el software Pegasus

Un Tribunal Colegiado ratificó este martes una resolución judicial que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a entregar la documentación íntegra relacionada con la contratación del software de vigilancia Pegasus. La decisión judicial pone fin a un litigio iniciado en 2022, derivado de la negativa inicial de la dependencia para transparentar acuerdos comerciales que involucran recursos públicos por más de 140 millones de pesos.

El caso se originó cuando diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron acceso a los contratos suscritos por la institución militar. En su momento, la SEDENA clasificó la información como reservada bajo argumentos de seguridad nacional, impidiendo conocer los detalles técnicos y administrativos de las dos contrataciones detectadas por investigadores independientes y especialistas en ciberseguridad.

Tras agotar las instancias de revisión, el Tribunal determinó que no existe una justificación válida para mantener el sigilo sobre estos documentos. Los magistrados señalaron que, al tratarse de adquisiciones realizadas con presupuesto federal, la transparencia es una obligación ineludible de la institución, salvo en casos donde se comprometa de manera directa la integridad de operaciones tácticas específicas, lo cual no fue acreditado en este proceso.

Esta resolución obliga a la dependencia a publicar los términos de los contratos, los montos exactos ejercidos y las condiciones de operación del software dentro de un plazo perentorio establecido por la ley. La sentencia representa un precedente significativo en la lucha por el acceso a la información pública en México, especialmente en temas relacionados con el uso de herramientas tecnológicas de monitoreo por parte de las fuerzas armadas.

Hasta el momento, la SEDENA no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el cumplimiento inmediato de la orden judicial. Se espera que, en los próximos días, la institución inicie el proceso de desclasificación de los archivos requeridos para atender el mandato del Tribunal, garantizando así el derecho a la rendición de cuentas que exige la legislación vigente.